España ha establecido oficialmente una vía regulada para que los pacientes accedan al cannabis medicinal, tras la aprobación por parte del Gobierno del Real Decreto 903/2025 el 7 de octubre de 2025. Esta nueva medida define cómo pueden prescribirse, prepararse y dispensarse los medicamentos a base de cannabis en todo el territorio español.
Se trata de un nuevo paso dentro del sistema público de salud. Esta legislación, largamente esperada, responde a años de reivindicaciones por parte de pacientes que reclaman un acceso seguro y regulado para aquellas personas que padecen enfermedades graves o crónicas.

¿Cómo funciona?
La normativa limita el acceso a casos específicos en los que los tratamientos convencionales resulten insuficientes. Los médicos especialistas que trabajan en hospitales públicos españoles pueden ahora prescribir cannabis, pero únicamente a pacientes con dolencias como dolor crónico refractario, formas graves de epilepsia, espasticidad causada por esclerosis múltiple o complicaciones derivadas de la quimioterapia. Los médicos de familia y las clínicas privadas no forman parte de este proceso — la supervisión hospitalaria es obligatoria.
La dispensación se realizará exclusivamente en farmacias hospitalarias, en estrecha coordinación con el equipo médico responsable de cada paciente. Estos medicamentos a base de cannabis deberán proceder de extractos estandarizados y elaborarse bajo estrictos protocolos de calidad. Los pacientes no deben esperar encontrar productos de cannabis en farmacias convencionales ni disponibles sin receta.
Control de calidad de los medicamentos a base de cannabis
Uno de los elementos clave del decreto es su énfasis en el control de calidad. Todas las preparaciones estandarizadas de cannabis deberán estar registradas en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS), que supervisa su composición (especialmente los niveles de THC y CBD) y aplica estrictas normas de producción y distribución. Cualquier formulación con un contenido de THC superior al 0,2 % estará sujeta a un control regulatorio adicional.
Es importante destacar que la ley no establece una lista cerrada de condiciones médicas elegibles. Se podrán incorporar nuevas indicaciones clínicas a medida que avance la evidencia científica y la experiencia médica, lo que otorga al sistema una flexibilidad inherente. Todas las reacciones adversas deberán notificarse a los centros regionales de farmacovigilancia, garantizando así el mantenimiento de los estándares de seguridad del paciente.
¿Qué significa esto para los pacientes y la industria?
Con España consolidándose como un centro de producción y distribución de cannabis medicinal bajo condiciones reguladas, el decreto representa tanto un hito médico como un punto de inflexión para el sector.
Para los pacientes españoles con enfermedades graves, estas normas establecen una vía legal y controlada para acceder a terapias basadas en cannabis. Sin embargo, el sistema permanece fuertemente restringido; las personas que consumen cannabis con fines recreativos o buscan tratamiento fuera de los hospitales quedan excluidas.
Desde una perspectiva de mercado, el decreto abre oportunidades prometedoras para la innovación farmacéutica.



